30 de agosto de 2013

Becarios: afiliación y cotización


El BOE ha publicado la Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autorizan plazos extraordinarios para la presentación de las altas y, en su caso, las bajas y para la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas.

En este sentido, quedarán asimilados a los trabajadores por cuenta ajena (a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social) todos aquellos estudiantes que participen en programas de formación financiados por entidades u organismos públicos o privados que, vinculados a estudios universitarios o de formación profesional, no tengan carácter exclusivamente lectivo sino que incluyan la realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades y conlleven una contraprestación económica para los afectados, cualquiera que sea el concepto o la forma en que se perciba, y siempre que la realización de dichos programas no dé lugar a una relación laboral que determine su alta en el respectivo régimen de la Seguridad Social.

De todos modos, aunque la acción protectora de este colectivo será la correspondiente al Régimen General de la Seguridad Social, se mantendrá como exclusión la protección por desempleo. Para ello la empresa deberá solicitar un código de cuenta de cotización específico (para becarios) con carecer previo al inicio de la realización de las prácticas.

Afiliación:

La obligación de alta en la Seguridad Social se inicia el 28 de junio de 2013, por lo que las empresas que hayan tenido becarios desde esa fecha están obligadas a tramitar el alta y la baja correspondiente, y abonar las cotizaciones resultantes.

Cotización y tributación:

  • La cotización por contingencias comunes será una cuota única mensual de 30,52 euros a cargo de la empresa y 6,09 euros a cargo del trabajador.
  • La cotización por contingencias profesionales será una cuota única mensual de 4,20 euros a cargo de la empresa.
  • No se cotizará para el desempleo, ni FOGASA, ni para FP.
  • La retención mínima de IRPF será del 2 por 100.

Periodo transitorio:

También es importante recordar que existe un plazo transitorio, que finaliza el 30 de septiembre de 2013, para la presentación de las altas y bajas correspondientes que no se hubieran tramitado antes de esa fecha. Además, en cuanto al pago de las cuotas, el ingreso de las mismas que correspondan a los meses de junio, julio y agosto de 2013 podrá realizarse hasta el día 31 de octubre de 2013.

NOTA FINAL: Esta publicación de Lex Laboralia es un resumen abreviado acerca de la Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autorizan plazos extraordinarios para la presentación de las altas y, en su caso, las bajas y para la cotización a la Seguridad Social de los estudiantes universitarios que realicen prácticas académicas externas. Para más información, recomendamos consultar el texto legal recogido en el BOE.

5 de agosto de 2013

El Ministerio de Empleo crea un buzón electrónico para denunciar casos de fraude laboral


El Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha publicado mediante nota de prensa, que se ha previsto un buzón electrónico en el que los ciudadanos podrán notificar casos de fraude por parte de algunos empresarios referentes al incumplimiento de la normativa laboral, las obligaciones de la Seguridad Social o la prevención de riesgos laborales, para que estos sean objeto de investigación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Asimismo, también es importante destacar que en el mismo buzón se podrán presentar denuncias efectuadas directamente por los trabajadores que sean objeto de fraude laboral y a la Seguridad Social, teniendo el servicio de Inspección un deber absoluto de reserva sobre la identidad del denunciante, por lo que existe una garantía absoluta de confidencialidad.


3 de agosto de 2013

Protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas en materia laboral


El BOE ha publicado el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.

Medidas para mejorar la protección social de los trabajadores a tiempo parcial:

Esta nueva regulación plantea una serie de normas para garantizar la proporcionalidad entre el esfuerzo de los trabajadores a tiempo parcial y los que tienen una jornada completa a la hora de poder acceder a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad:

  • Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. A tal efecto, el tiempo de cotización necesario se disminuye en proporción al “coeficiente de parcialidad”, es decir, si por ejemplo para acceder a la pensión de jubilación tenemos que acreditar 15 años, habiendo trabajado al 50 por 100, bastarán con 7,5 años (2737,5 días cotizados). Este coeficiente de parcialidad será el que se acredite a lo largo de toda la vida laboral de un trabajador, y que figura en el Fichero General de Afiliación.
  • Por otro lado, también es importante destacar que a efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el número de días cotizados que resulten se incrementará con la aplicación del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser superior al período de alta a tiempo parcial. 

Negociación en los procedimientos colectivos:

A su vez, se clarifica la regulación relativa a la comisión negociadora y los sujetos legitimados para actuar, en representación de trabajadores y empresa, durante el período de consultas que deberá tener lugar con carácter previo a la adopción de medidas colectivas.

Se prevé que la comisión negociadora estará integrada por un máximo de trece miembros en representación de cada una de las partes intervinientes en el período de consultas, en coherencia con el número de miembros de la comisión negociadora del convenio colectivo de empresa.

En todos estos procedimientos se establece que la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, en el caso de ser varios los centros de trabajo afectados, quedará circunscrita a los centros afectados por el procedimiento.

Se establece una fase previa al inicio del período de consultas para que se pueda constituir antes la comisión representativa de los trabajadores, en orden a que no se consuman días de negociación a tales efectos. En concreto, siete días cuando hay representantes legales de los trabajadores en todos los centros de trabajo y quince cuando no sea así.

En materia de despidos colectivos se precisa la información que debe facilitar la empresa para otorgar una mayor seguridad jurídica al proceso de despido colectivo. También se modifica algún aspecto del régimen procesal del despido colectivo para otorgar un mayor espacio a la demanda colectiva presentada por los representantes de los trabajadores.

La impugnación colectiva de los representantes de los trabajadores asume un espacio mucho mayor y queda el procedimiento individual relegado a los supuestos excepcionales no resueltos en el proceso colectivo. De este modo, se permitirá dar satisfacción a los intereses de las partes de un modo más rápido, ágil, homogéneo y económico.

En este sentido, se reconoce expresamente a la sentencia firme o al acuerdo de conciliación judicial del proceso colectivo la eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, y se establece que el plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo o, en su caso, desde la conciliación judicial.

Se permite que las sentencias de despido colectivo declaradas nulas sean directamente ejecutables, sin necesidad de acudir a procedimientos individuales.

Por otro lado, se tipifica como infracción grave el incumplimiento por parte del empresario de la obligación de comunicar a la Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de despido colectivo y de suspensión de contratos o de reducción de jornada adoptadas conforme al artículo 51 y 47 del Estatuto de los Trabajadores.

Potestad sancionadora de los Servicios Públicos de Empleo:

La norma también aclara el marco competencial de la potestad sancionadora de los Servicios Públicos de Empleo Estatal y autonómicos tras la sentencia del Tribunal Constitucional del 25 de abril de 2013.

En este sentido, se clarifica la obligación de inscribirse como demandante de empleo y la renovación de dicha demanda como un requisito necesario para percibir y conservar la prestación y el subsidio por desempleo, con el objeto de otorgar una mayor seguridad jurídica a los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo.

La percepción de la prestación se suspenderá durante los períodos en los que los beneficiarios no figuren inscritos como demandantes en el servicio público de empleo competente, y se reanudará a partir de la fecha de la nueva inscripción, previa comparecencia ante la Entidad Gestora acreditando dicha inscripción.

Se establece que los servicios públicos de empleo competentes verificarán el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suscripción del compromiso de actividad de los beneficiarios de prestaciones y subsidios por desempleo, comunicando la sanción impuesta, en su caso, en el momento en que se imponga, al Servicio Público de Empleo Estatal para su ejecución por éste.

Los servicios públicos de empleo competentes verificarán, asimismo, el cumplimiento de la obligación de los beneficiarios de mantenerse inscritos como demandantes de empleo, debiendo comunicar los incumplimientos de esta obligación al Servicio Público de Empleo Estatal, en el momento en que se produzcan o conozcan para que inicie el procedimiento sancionador que corresponda.

Requisitos para los perceptores de prestaciones por desempleo en casos de salidas al extranjero:

Finalmente, también se reformulan los requisitos ya existentes para los perceptores de prestaciones y subsidios por desempleo que salen al extranjero dando mayor certidumbre y seguridad jurídica a los beneficiarios.

Así, tal y como estaba establecido a nivel reglamentario, en casos de salidas por asuntos propios, por un período máximo de quince días naturales dentro de un año natural, se mantiene la condición de beneficiario y se sigue percibiendo la prestación o el subsidio por desempleo.

Por otro lado, la prestación se suspende en los supuestos de estancia en el extranjero hasta un período de noventa días, o de traslado de residencia al extranjero por un período inferior a doce meses para la búsqueda o realización de trabajo, perfeccionamiento profesional o cooperación internacional, debiéndose comunicar previamente la salida a la entidad gestora para su autorización.

NOTA FINAL: Esta publicación de Lex Laboralia es un resumen abreviado acerca del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. Para más información, recomendamos consultar el texto legal recogido en el BOE.